miércoles, 26 de noviembre de 2008

Las razones de los que defienden el olvido


El debate sobre la memoria histórica ha vuelto a las portadas con los últimos autos del juez Baltasar Garzón con el fin de investigar lo sucedido con los miles de desaparecidos por la represión franquista. Se han escuchado de nuevo todo tipo de opiniones: los familiares de las víctimas siguen reclamando la recuperación del pasado como elemento imprescindible para empezar a cerrar heridas, mientras hay quienes defienden precisamente lo contrario. Éstos argumentan que no hay que remover el pasado y que el olvido es la mejor alternativa. En este grupo se encuentra la Iglesia católica. Quienes abogan por el olvido son siempre aquellos que más tienen que ocultar, quienes esconden un pasado bochornoso que no les interesa que salga a la luz, quienes sólo recurren a la memoria en su propio beneficio. Sobre la memoria y los olvidos de la Iglesia católica durante el franquismo reflexiona hoy Julián Casanova en el diario El País. Julián Casanova es uno de los más reputados investigadores del papel de la Iglesia católica durante el franquismo. Su libro La Iglesia de Franco (Editorial Crítica) es fundamental para entender el vergonzoso pasado de una institución que se olvidó de practicar la compasión para entregarse a la venganza y ocupar un lugar prominente en la dictadura franquista.

LA IGLESIA Y LA REPRESIÓN FRANQUISTA
JULIÁN CASANOVA

La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.

En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.
Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos. "La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.
Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.
Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.
La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.
Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.

2 comentarios:

Fernando López dijo...

Han pasado 40 años, y todavía no es posible impartir justicia.

Parte de la gente que vivió durante el franquismo, con independencia de la ideología que ahora profesen, todavía siente respeto e incluso miedo a la figura del dictador y a lo que él representa. Mientras perdure esto será dificil que se imparta justicia, y que todo el mundo conozca la verdadera historia.

Casualmente, esa gente que todavía respeta al dictador, es la que acude a los domingos a las misas, en mayor medida. Afortunadamente, cada vez son más mayores, con lo que ello conlleva...

Quizá parte de culpa la tienen los pactos de silencio fraguados en la transición (etapa histórica muy alabada, pero que se quedó un poco corta, y como todo tuvo sus fallos). Es cierto que todos cedieron, pero unos más que otros.

Han tenido que ser unas Cortes, en las que ya no quedaban casi, diputados de la primera legislatura, los que, no sin problemas, han sacado a la luz una ley que intente poner las cosas en su sitio. Aún así, parece que todavía hay reticentes.

Reticentes que se llenan la boca de bondad diciendo que ellos no quieren reabrir heridas, pero lo que ellos no comprenden es que las heridas llevan abiertas desde el 39, y todavía está esperando a que alguien las cierre.

Un saludo.

Paqui Pérez Fons dijo...

La Ley para la Memoria Histórica es precisamente fruto de un gobierno pusilánime que, queriendo contentar a todos, no contenta a ninguno. De poco sirven leyes con títulos rimbombantes que después no se llevan a la práctica u olvidan aspectos fundamentales. El mayor impulso al debate y a la exigencia de justicia ha tenido que venir otra vez de los tribunales (más bien de uno solo), aunque hay muchos interesados en impedir el avance de lo que ya debería ser un tema zanjado. En otros países con situaciones mucho más complicadas de las que se vivieron aquí durante la transición se está juzgando y persiguiendo a los represores. Aquí, donde casi todos están ya criando malvas, todo son problemas y apelaciones interesadas de "no reabrir heridas". Esto demuestra en parte que los 40 años de dictadura no fueron sólo fruto del miedo y la represión (que fueron muy importantes para impedir la reacción de los vencidos), sino que también existió un consentimiento cómplice de una parte de la población a la que no le interesa quedar retratada como respaldo de la dictadura. Ésos son los principales defensores del olvido.

Saludos.